Introducción
Existe el acuerdo de fechar el nacimiento de la ciudad de Monterrey en 1596, pero la idea de lo urbano que nació en el siglo XVI se ha transformado por completo. Nos apoyamos en Manuel Castells para comprender que “las ciudades, como toda realidad social, son productos históricos, no sólo en materialidad física, sino también en su significado cultural, en el papel que desempeñan en la organización social, en la vida de los pueblos” (Castells, 1986: 406).
Vemos a los asentamientos urbanos como cultura material, es decir, la parte tangible de una cultura ideológica civilizatoria, que se caracteriza por ser una sociedad de clases, urbana y bajo control Estatal (Öcallan, 2017a). La institucionalización de las estructuras jerárquicas, es decir, el Estado y las clases sociales que lo conforman desarrollan su influencia sobre la ciudad, pues es el espacio principal que habitan y transforman las clases que se benefician del comercio (Öcallan, 2017b).
Identificamos que en particular la ciudad de Monterrey ha sido transformada activamente por lo que llamamos iniciativa privada, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Pero no sin contradicciones o cuestionamientos, el más importante de estos cuestionamientos sería el de 1970 cuando migrantes y estudiantes deciden tomar la tierra urbana (Sánchez, 2007). La crítica a la idea que tenían las clases privilegiadas sobre la ciudad fue enfrentada con represión y cooptación, imponiendo la forma neoliberal de administrar la ciudad, es decir, la privatización del espacio.
La pretensión de uniformidad generada por el neoliberalismo es visible en las operaciones de la economía global y en las economías locales. Para 1980 el triunfo del giro neoliberal era una realidad, extinguiendo las posibilidades de que el movimiento urbano popular pudiera desarrollar su modelo de ciudad, la única salida fue la regularización de aquello que se había creado en los márgenes.
Estudiar el desarrollo de la ciudad desde la lógica de la élite nos permite comprender la hegemonía cultural de esta clase, su papel dentro de la modernidad capitalista y sus efectos en la cultura material de las personas. Concordamos aquí con David Harvey cuando explica que lo que llamamos neoliberalismo, lejos de ser una imposición absoluta, fue el resultado de la lucha entre las clases sociales, acompañados de un gobierno supuestamente intermediario (Harvey, 2006).
Nos preguntamos, entonces ¿en qué medida incidió lo que hoy llamamos iniciativa privada en el desarrollo de las ciudades? A la que pretendemos responder con un estudio local, no porque queramos dar soluciones absolutas con las peculiaridades de nuestro territorio; sino que creemos que al visualizar las lecciones de nuestra experiencia histórica, nos acercamos a encontrar respuestas comunes a problemas compartidos (Levi, 2020).
Para lograr nuestro cometido, recurrimos a la revisión exhaustiva de la bibliografía que habla sobre vivienda o en general sobre el desarrollo histórico de Monterrey como territorio urbano. En la actualidad, el mismo trasciende los límites del municipio e integra una zona metropolitana de 12 municipios interconectados en función a la producción y el consumo.
El Área Metropolitana de Monterrey no ha parado de crecer desde la industrialización. Tras el inicio del proceso de metropolización a mediados del siglo XX, las desigualdades entre la población eran cada vez más evidentes. La vivienda es un reflejo de ello. Este fenómeno de segregación socioespacial es común en la historia de la ciudad, las divisiones por etnia y clase social acompañaron los procesos de colonización y después los de industrialización, finalmente a partir de 1950 se puede observar una tendencia de desarrollar colonias obreras hacia el norte del área, mientras que los empresarios y sus familias habitaban el sur y el municipio de San Pedro (Aparicio, et. al., 2011).
Las contradicciones generadas por la lógica del mercado inmobiliario alcanzaron su límite a inicios de 1970 cuando se desarrolla el movimiento de toma de la tierra, cuya materialización más conocida es la colonia Tierra y Libertad, la base para lo que es el Frente Popular Tierra y Libertad el cual consideramos crucial en el desarrollo del Monterrey actual.
Para la iniciativa privada y el gobierno, la existencia de un ejemplo de esta magnitud era temida, por lo que ambos trataron de eliminar la organización vecinal en pro de sus intereses. Lo que vemos aquí no es más que la lucha de clases moldeando la historia de una manera directa, es decir, las transformaciones urbanas son productos materiales de las necesidades y contradicciones que surgen en nuestra vida y la moldean. Profundizaremos sobre este tema.
Trataremos de puntualizar las características históricas de la iniciativa privada, sin dejar de lado a los otros dos actores para comprender su influencia en la construcción de lo urbano. Abordaremos la dinámica actual del desarrollo de la ciudad observando la continuidad de los procesos históricos.
1. La iniciativa privada
Entendemos por iniciativa privada el resultado histórico del desenvolvimiento de la clase burguesa, por lo que haremos un recorrido por la formación de una de sus facciones locales. Un grupo de familias cuyo desarrollo en la historia está tan determinado por el contexto en el que vivieron como por sus propias acciones y necesidades (Thompson, 2008; Gilly, 2006). Esta clase social se ha ido transformando a lo largo de la historia y ha materializado su idea de modernidad, teniendo un papel importante en el desarrollo tanto de nuestra ciudad como del país y que está integrada a la lógica del capitalismo global.
1.1 De la independencia al Porfiriato
Podríamos rastrear los orígenes de esta clase en el periodo de la colonia, pero es después del proceso de Independencia que se provocó “[…] el nacimiento de una nueva clase política local que diversificó su autoridad y poder a través de las diversas corporaciones institucionales como puestos de cabildos, juntas, diputaciones, congresos, gubernaturas, poder judicial y otros espacios formativos” (Cázares, et. al., 2009, p. 144). A través de lazos familiares consolidaron su poder en los diferentes organismos gubernamentales y diversificaron poco a poco sus inversiones, siendo el comercio su fuente principal de capital.
La concentración del comercio colonial en la capital y en Veracruz impedía el abastecimiento de las poblaciones al norte, por lo que el comercio ilegal del puerto Soto la Marina se convirtió en una alternativa lucrativa. Una vez consumada la Independencia, se abrieron los puertos de Matamoros y Tampico, situación que fue de mucho provecho para los comerciantes locales (Méndez, 1998).
Es con la formación de la nueva frontera con Estados Unidos después de la guerra con México (1846-1848) que la burguesía local tendrá un giro definitivo en su crecimiento. Colocando a la ciudad en una importante situación geográfica, los constantes conflictos armados en el país no afectaron en realidad a esta burguesía embrionaria, de hecho, la fortalecieron: “De una u otra manera, la guerra estimulaba la economía zonal, y eso se manifestaba en beneficios específicos para los núcleos sociales que intervenían en la circulación y/o en la producción” (Cerutti, 1983, p. 209).
Al decir “de una u otra manera” Cerutti hace referencia al contrabando (Cerrutti, 2006, p.22) y su importante papel durante la Guerra de Secesión (1861-1865) donde la necesidad de mantener ejércitos armados y alimentados, en ese momento “[…] la embrionaria burguesía de Monterrey encontró una vía adecuada para la reproducción ampliada de sus capitales, para la formación de fortunas de considerable magnitud” (Cerutti, 1983, p. 210). La economía de guerra deja de lado cualquier concepción moral y legalista en miras de conseguir la mayor cantidad de beneficios comerciales.
En las décadas previas al ascenso de Porfirio Díaz, desaparecieron las condiciones de la economía de guerra y los comerciantes comenzaron a trasladar sus capitales a la industria (Méndez, 1998). Entre 1870 y 1880 solía llamársele industria urbana a lo que eran trapiches, obrajes y talleres artesanales, entre los que destacan zapaterías, herrerías, carpinterías, etc., pero las industrias pioneras se establecieron en la ciudad en ese mismo periodo, donde destacan la Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama (1854), El Porvenir (1871) y La Leona Textil (1874) (Rojas, 2008).
Ya para ese momento hablamos de un grupo de familias plenamente identificables entre la élite local: los Garza, Milmo, Zambrano, Rivero, etc., que a través de los matrimonios lograron perpetuar su poder en la región (Cerutti, 1998). Pasando el tiempo este grupo llegó a ser conformado por hasta 50 familias, las cuales han ido diversificando su influencia en diversos negocios e inversiones (Vellinga, 1971). El poder que ya poseían estos personajes ya era el suficiente para desafiar al gobierno federal.
Desde la década de 1860 personajes de la élite como Evaristo Madero tuvieron importantes participaciones en conflictos como la Guerra de Secesión a través del contrabando; igualmente importante fue su papel en la guerra contra apaches y comanches durante el periodo de Vidaurri (Cerutti, 2006). Otro ejemplo es la participación de Patricio Milmo, Francisco Sada, Idelfonso Zambrano, Isaac Garza, Manuel Z. Barragán en el descontento de los católicos mexicanos contra el avance de las reformas liberales de Lerdo de Tejada en 1874, en dicha ocasión se entregó un documento firmado por más de 3000 personas y múltiples funcionarios públicos reconsideraron su apoyo al gobierno federal (Camacho, 2017).
Este y otros conflictos con el gobierno no afectaron de importancia las ganancias de esta burguesía que comenzaba a invertir en la acumulación de tierras (Cerutti, 2006) y, por supuesto, en la industria. Con Porfirio Díaz en la presidencia finalmente consolidaron su poder.
1.2 La consolidación: Del Porfiriato al Nuevo Estado.
Mucho se ha escrito ya sobre cómo las condiciones que se presentan durante el periodo en que Porfirio Díaz benefician a la clase burguesa para convertirse en industrial. Así que no hará falta más que detenernos en los puntos clave que nos ayuden a comprender el posterior impacto en el desarrollo urbano.
El paradigma de la historia local nos marca el año de 1890 como el verdadero inicio de la Revolución Industrial en Monterrey dada la fundación de la Cervecería Cuauhtémoc (Ortega, 2007). Fue el gobernador Lázaro Garza Ayala el que en 1888 decidió brindar la exención de impuestos a las industrias instaladas en Monterrey, pero será Bernardo Reyes quien llevó esa nueva ley a la práctica, siendo una característica crucial para el desarrollo industrial (Méndez, 1998).
Por supuesto no deben dejarse de lado los factores geográficos como la abundancia de agua para uso industrial y la posición que permitió de la conexión con otras ciudades a través del ferrocarril (Vizcaya, 1971), igual importancia debe dársele al capital extranjero que se mezcló con la burguesía local para sacar adelante las primeras industrias en forma de sociedades anónimas (Cerutti, 2006). Además de la Cervecería, nace en este periodo la histórica Fundidora de Hierro y Acero, S.A.
Dicho proceso se pausa con la Revolución Mexicana (1910-1920). Pero la estabilidad de esta clase no se ve realmente afectada, creemos que hay dos razones importantes para ello. Por un lado, Cerutti argumenta que la estabilidad de la ciudad se debe precisamente a su carácter urbano, mientras que el conflicto armado se desarrolla principalmente en el campo (Cerutti, 1998, p. 95). De otro lado, Óscar Flores ha identificado que la continuidad se debe a la organización de la burguesía que le permiten funcionar por encima de las disputas del poder nacional:
“De hecho, la Cámara de Comercio desde su refundación –en noviembre de 1911- existió como un órgano parlamentario de asesoría y en ocasiones de decisión –solo ratificado por el gobernador- en materia política y económica. La participación de la Cámara en asuntos públicos otorgó coherencia y peso a las decisiones de una clase social, claramente identificada con el progreso capitalista impulsado durante el porfiriato: el empresariado regiomontano” (Flores, 2006, p. 107).
Le llamaban la comuna empresarial, la ciudad donde mandaban los empresarios. Esto no quiere decir que no existieran conflictos tanto dentro como fuera del grupo, pero la mayoría fueron superados. Prueba de ello es la continuación hasta nuestros días de la hegemonía de dicha clase.
Hacia finales del proceso revolucionario se demostró la capacidad de este grupo para desarrollar organizaciones que mantuvieran a sus trabajadores envueltos en su ideología, su particular visión de la modernidad capitalista. Ese fue el objetivo de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa en 1918, Snodgrass la describe de la siguiente manera:
“Inicialmente establecida como una cooperativa de ahorro, la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa administraría todos los aspectos del paternalismo industrial, desde la educación, servicios médicos hasta recreación y publicaciones. También organizó programas culturales diseñados para integrar a los trabajadores, administradores y sus parientes en la amplia familia de la Cuauhtémoc” (2008, p. 83).
Este modelo se reprodujo a lo largo del siglo XX en las industrias locales, tenemos por ejemplo a la Cooperación Social, A.C. de Vitro o a Nova de Monterrey del grupo Alfa (Nuncio, 1982, p. 137). Su función explícita fue hacer frente al corporativismo sindical y logró su cometido. Los beneficios que otorgaban a sus obreros y familiares “[…] contribuyeron a ponderar los valores más cargados de la diferencia de clases” (Palacios, 2007, p. 173), consiguiendo así una base que le permitía a los empresarios convertirse en una fuerza con capacidad de hacer frente a cualquier nivel de gobierno cuando lo consideraron necesario y al mismo tiempo sobrevivir a todas las crisis económicas del siglo pasado.
Ante la formación de un nuevo Estado en México se conformó el Grupo Industrial Monterrey, unión de las grandes familias de la burguesía local dirigidas por la familia Garza Sada, quienes invirtieron en nuevas industrias como el cemento, cigarrillos, muebles, ropa, textiles y productos alimenticios (Snodgrass, 2008, p. 29). Este grupo evolucionó en varios conglomerados multinacionales como lo son FEMSA y Vitro.
1.3 La hegemonía: Las disputas del siglo XX
Los conflictos entre el gobierno federal y el Grupo Monterrey nos ayudarán a dar un cierre a nuestro recorrido por la historia de lo que hoy se le llama iniciativa privada. Abraham Nuncio y en general la historiografía nacional encuentra dos grandes conflictos.
El primer gran conflicto es el que enfrentó a esta fracción de la burguesía con el proyecto del presidente Lázaro Cárdenas (1936-1940) cuando el temor de que el gobierno diera un giro hacia el socialismo se hacía cada vez más latente: “estaban en contra de que esta ideología se tradujera, sobre todo, en una política gubernamental favorable a la acción independiente de los obreros controlados por ellos” (Nuncio,1982, pp. 73-74).
Los puntos más álgidos de este enfrentamiento los podemos encontrar en el movimiento de los trabajadores de la Vidriera que reclamaban la independencia de su sindicato en el que interviene el propio Lázaro Cárdenas. Seguido del asesinato de obreros antifascitas que se solidarizaban con España en 1936. Ese mismo año los empresarios organizaron una manifestación contra el gobierno nacional (Vázquez Esquivel, 2017). Y finalmente la campaña presidencial del Gral. Andrew Almazán, jefe militar de Nuevo León, quien contendió por el Partido Acción Nacional como representante de la derecha en 1940 (Nuncio, 1982).
Ese mismo año se llegó a un acuerdo con el gobierno federal para mantener la paz. El crecimiento de este grupo no paró, aprovechando el contexto de guerra, siguieron creciendo ya no solo como grupo local sino como representantes de la burguesía mexicana al ponerse al mando de la COPARMEX, mientras que el grupo cardenista en el gobierno empezó a ser sustituido por conocidos conservadores (Vellinga, 1988a).
El segundo gran conflicto entre la burguesía local y el gobierno federal se da en la década de 1970 y es el que mayores repercusiones tiene para la estructura de la ciudad. Aunque las relaciones con el presidente Luis Echeverría siempre fueron tensas, pero en 1973, cuando Eugenio Garza Sada –cabecilla de los empresarios regiomontanos- muere durante una acción del grupo guerrillero Liga Comunista 23 de Septiembre, se da una especie de rompimiento definitivo.
Pero más allá del pretendido conflicto ideológico, el Grupo Monterrey se ve inmerso en la crisis de 1976 junto con la economía global. Dentro de este contexto se cuestiona la pretendida hegemonía gracias a los movimientos estudiantiles, urbanos, obreros y guerrilleros que se desarrollaron en esa década. El declive de su economía les obligó a reforzar sus lazos con los sectores financieros de Estados Unidos, específicamente al Fondo Monetario Internacional, siendo uno de sus principales promotores en México cuando en 1982 se firman los acuerdos con esta institución (Nuncio, 1982).
Para 1984 los empresarios estaban endeudados, por lo que el gobernador Alfonso Martínez Domínguez decidió dar diversos incentivos fiscales que permitieran que las grandes industrias perduraran un poco más (Méndez, 1998). Pero la crisis fue inevitable, a pocos años de llegar a su centenario, en 1986 la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey cerró sus puertas.
Tras la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 comenzaron a sentirse las diferencias entre dos escenarios de actividad económica industrial: la industria moderna, con un lento crecimiento de empleo pero que conservó algunos de los pactos laborales paternalistas; y la industria maquiladora, la cual satisface la necesidad de empleo, pero cuya oferta social es la más baja del mundo industrial (Gutiérrez Garza, 1998). Grupos como FEMSA -conglomerado al que pertenece Cervecería Cuauhtémoc- sobrevive hoy en día manteniendo ambos tipos de industria.
La relación de este grupo con la frontera y su experiencia en la apertura comercial le permitió sobrevivir a los cambios económicos del neoliberalismo (Cerutti, 1998). Dicho proceso suele afectar a las empresas locales, pero no a los empresarios de Monterrey quienes pudieron superar esta transición gracias a que “la deslocalización en su aspecto laboral permitió a los grupos elevar su productividad mediante el abaratamiento salarial de la fuerza de trabajo y la disminución del costo de la seguridad social que beneficiaba en algún momento a la llamada aristocracia obrera regiomontana” (Palacios, 2007, p. 183). Terminando poco a poco con la tradición del paternalismo industrial que en algún momento fue causa de orgullo.
Abrimos el debate, acompañando las ideas de Cerutti (1998), sobre la importancia del tipo de industrias a las que se ha dedicado esta clase. Al enfocarse en la fabricación de productos que pudiéramos considerar necesarios para la vida cotidiana, la influencia de estas empresas crece y por lo tanto ya no es necesario depender de sus aparatos laborales, el consumir sus productos y adoptar su pensamiento es perpetuar su cultura ideológica que, a su vez, transforma nuestra cultura material.
La influencia que la cultura ideológica de la iniciativa privada tiene sobre el espacio urbano es lo que realmente nos interesa. Concediendo a la construcción de la vivienda un lugar primordial en este proceso, así como hizo la clase que aquí estudiamos. Además de todos los beneficios anteriormente citados, después de la revolución, las organizaciones de trabajadores dependientes de las empresas comenzaron a proporcionar facilidades para conseguir viviendas. Durante la primera mitad del siglo XX esta era la única manera de garantizar un techo digno.
2. Habitar la ciudad desde arriba
Siguiendo a Harvey (2006), es la interacción entre las clases sociales las que moldean la ciudad y la forma en la que la habitamos, la cual se ha reafirmado como elitista e impide el desarrollo en miras a la conservación de la vida y no del status quo del mercado. Para ello es necesario entender el proceso histórico que nos ha llevado a este punto.
2.1 La formación de la ciudad industrial
Sin duda el ideal elitista de las diversas familias que han pertenecido a las clases altas es una herencia colonial, en particular el embellecimiento del centro de la ciudad ha sido su objetivo como símbolo de su prestigio, vemos un ejemplo:
“Desde el año de 1803 el gobernador don Simón de Herrera y Leyva había prohibido se construyeran jacales en el centro de la ciudad. El año de 1821, lo mismo que en 1867, se prohibió se construyeran casas con techos de paja, pero estas disposiciones nunca se cumplieron, pues existieron habitaciones techadas en esta forma y localizadas en lugares céntricos hasta finales del siglo XIX” (Vizcaya, 1971, p. 43).
Claramente este ha sido un objetivo inalcanzable. La burguesía industrial, sin embargo, logró superar al Monterrey rural transformándola en una ciudad industrial.
Muestra de la batalla entre lo rural y lo urbano es el caso de la fábrica de textiles “La Fama” -fundada en 1854 en el municipio de Santa Catarina por Valentín Rivero (Vizcaya, 1971)- que en 1863 solicitó al gobernador Santiago Vidaurri intervenir en el conflicto con los dueños de la Hacienda San Pedro de los Naranjo y de la Hacienda San Pedro de Los Nogales quienes habían desviado la corriente del río Santa Catarina, afectando así las turbinas hidráulicas de la fábrica (Sifuentes, 2002). Este es un pequeño conflicto de un largo proceso que marca la desaparición de las haciendas frente a la sobrevivencia de las fábricas, que con el tiempo igual cerraron sus puertas.
Dicha transformación encuentra su impulso gracias al gobierno de Porfirio Díaz. Una vez más es Lázaro Garza Ayala (Vizcaya, 2007) quien facilitó los impuestos ahora para la construcción de fincas urbanas en el centro de la ciudad. Como hemos mencionado, esta práctica es considerada necesaria para el desarrollo de la burguesía industrial local (Cerutti, 1998) y se repitió en el siglo XX.
Es en 1890, bajo el mando de Bernardo Reyes, que se promulgaba una nueva ley que eximía cinco años de contribuciones a quienes edificaran fincas urbanas en los dos años siguientes, dicha facilidad propició la creación de más de 300 edificaciones que en buena parte dieron alojamiento a jornaleros (Ortega, 2007). Para 1895 una nueva ley con las mismas características se promulgó para aumentar la inversión urbana en los alrededores de la Alameda Porfirio Díaz (hoy Mariano Escobedo) y las calzadas Unión y Progreso (hoy Madero y Pino Suárez respectivamente) (Ortega, 2007, p. 13).
Habría que considerar que esta fue la época en la que se introdujeron los servicios básicos y el ferrocarril. Estas empresas inicialmente pertenecían a capitalistas extranjeros, como es el caso de la Compañía de Luz Eléctrica de Monterrey y Compañía de Servicio Agua y Drenaje de Monterrey, S.A. La llegada del Ferrocarril del Golfo y la conexión con el Ferrocarril Internacional permitió a la burguesía industrial aumentar su capacidad de circulación de mercancías y mano de obra barata (Vizcaya, 2007, p. 15). La mancha urbana comenzó a crecer.
La migración interestatal fue promovida para que los industriales saciaran la necesidad de mano de obra barata, lo cual fue propiciando el crecimiento de la población estable. Ya desde 1840 existía el barrio de San Luisito, que se convertió en el punto de llegada predilecto de una enorme cantidad de migrantes que no ha parado hasta el día de hoy (Casas, 2010). Junto con las industrias fueron apareciendo barrios en territorios ocupados por la espontaneidad de la necesidad (Aparicio, et. al., 2011).
Queda claro que las familias que lograron construir industrias en Monterrey durante el porfiriato lograron sobrevivir a la coyuntura revolucionaria y aumentaron su influencia gracias a su capacidad organizativa. Óscar Flores describe al proceso revolucionario como “la búsqueda de la consolidación de un Estado –formado por la sólida burguesía porfiriana y por la revolucionaria” (Flores, 1991, p. 265).
La pretendida estabilidad empresarial suele explicarse bajo el concepto de paternalismo industrial, el cual existe desde que la industria llegó a la ciudad hasta nuestros días. La fundación de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa en 1918 marca la pauta en las relaciones industriales locales. Ya hemos mencionado algunas de las réplicas que se presentaron en otras industrias y la variedad de sus actividades.
El proceso de urbanización por industrialización llevó a que las fuentes naturales de agua del centro de la ciudad fueran secadas o entubadas por Agua y Drenaje –ahora de gestión pública y privada- y con ellas desaparecieron las últimas fincas rurales que alguna vez ocuparon el territorio central de Monterrey. Este proceso se fue extendiendo a otros municipios, como es el caso de la creación de la Colonia del Valle, una colonia para las clases altas que huían del caótico centro de Monterrey que habían creado para ocupar el municipio de San Pedro Garza García, el desplazamiento de las comunidades agrícolas se dio durante este proceso. (Palacios, 2018).
Durante buena parte del siglo XX fueron las industrias, a través de sus sociedades o sindicatos, las que proporcionaban facilidades para que sus trabajadores tuvieran acceso a una vivienda. En un primer momento se entregaba financiamiento para que fueran los propios obreros los que compraban las casas. Pero los altos precios y las exigencias obreras, obligaron a que empresas como la Cervecería Cuauhtémoc iniciaran la construcción de sus propias colonias, en 1957 se comienza la construcción de la Colonia Cuauhtémoc con 333 casas. El Grupo Monterrey impulsó ese mismo año la creación del Patrimonio de la Vivienda Grupo Industrial con el que apoyaron la construcción de 200 casas al año entre 1957 y 1971 (Cervantes, 1990).
Múltiples industrias siguieron el ejemplo de la Cervecería:
“Durante este periodo emergieron varios sectores residenciales en la periferia de Monterrey. Los dueños de las industrias más importantes estimularon la creación de barrios para sus obreros, como Asarco, construido entre 1955 y 1966 por Asarco Mexicana; Buenos Aires, en 1955, por Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey; junto con la Unidad Modelo, en 1963, por Hojalata y Lámina, todos en el municipio de Monterrey. Además, en la periferia norte, en San Nicolás de los Garza, se construyó el barrio Garza Sada, en 1951, por Vidriera Monterrey; y más tarde, en 1966, las colonias Cuauhtémoc, por la Cervecería del mismo nombre, y Adolfo Prieto, por Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey e Industrias del Vidrio, entre 1965 y 1966, por Vidriera Monterrey. Hacia el este, en el municipio de Santa Catarina, se estableció la colonia Protexa, en 1962, por el consorcio del mismo nombre” (Aparicio, et. al., 2011, p. 191).
Este es el inicio del proceso de metropolización de Monterrey.
Pero para finales de la década de 1960 empezó a ser claro que este modelo no era suficiente para abarcar a toda la población rural que se veía obligada a migrar debido a la crisis en el campo. Las industrias se vieron incapacitadas para dar trabajo a esta gente y con ello las personas que llegaban con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida se encontraba con la falta de una vivienda digna.
2.2 La crisis de la idea de ciudad
El desarrollo elitista de la ciudad llegó a su crisis cuando los efectos de la revolución verde provocaron migraciones masivas de campesinos sin tierras que buscaban en la ciudad una vida digna. El modelo del paternalismo industrial entra en contradicción, la pretendida hegemonía de la élite y el partido oficial se ve fuertemente cuestionada con las acciones de los movimientos obreros, estudiantiles, populares y guerrilleros. El llamado movimiento urbano popular es el que llama más nuestra atención.
Consideramos que la crisis de la vivienda en ese momento se debió a los altos precios de la tierra urbana que, a su vez, fueron consecuencia de la continua “especulación urbana mediante grandes baldíos intermedios, con mayor plusvalía por la obra pública y con insignificante carga fiscal” (García Ortega, 2007, p. 44). Estos mismos terrenos baldíos empiezaron a ser tomados a finales de los años sesenta, en un principio, estas tomas fueron realizadas por las estructuras sindicales del PRI: La CTM, CROC y CNOP.
Consideramos la toma de tierra como una respuesta necesaria ante los altos precios de la vivienda: “En 1970 el precio de una vivienda era de $ 44,987.00 que equivalía a 1428 veces el salario mínimo que en aquél año fue de $ 31.50 diarios, es decir, una vivienda costaba 3.9 años de salario mínimo dedicándolo íntegramente a pagar su vivienda” (Valenzuela, 1981, p. 47), gracias a los datos que presenta Valenzuela nos damos cuenta de que el salario mínimo con relación al precio de la vivienda es insuficiente, sobre todo entre 1974 y 1979 cuando el valor de una vivienda pasa de 4.5 a 5.8 años de salario mínimo (1981).
De hecho, el programa de vivienda de las industrias se aceleró ante esta realidad (Vellinga, 1988a), pero el tener un trabajo dentro de la empresa no garantizaba un sueldo suficiente para proporcionarse una la vivienda digna (Leyva, 1976). Además en Monterrey el desempleo se disfrazaba de economía informal, para 1980 el 53,2% de la población trabajaba en sectores marginales y de bajos ingresos (Pozas, 1990).
Aunque ya mencionamos anteriormente que, tras el asesinato de Eugenio Garza Sada en 1973, la burguesía local entró en un conflicto de intereses con el gobierno federal. Ese es en realidad el punto de mayor tensión, pero los conflictos comenzaron con la disputa por el suelo urbano. Cuando Luis Echeverría asume la presidencia (1970-1976) destituyó a Eduardo Elizondo como gobernador de Nuevo León para imponer a Luis M. Farías y después a Pedro Zorrilla. Este último buscó el respaldo con las centrales obreras otorgándoles mayores facilidades para administrar la tierra (Gutiérrez, 2007, p. 33).
Unos cuantos meses antes de la muerte del empresario, estudiantes y migrantes comenzaron a tomar la tierra aledaña al Cerro del Topo Chico, donde se encontraba el basurero municipal, administrando su territorio fuera del control de la iniciativa privada y del partido oficial. Este es uno de los principales reclamos que se le hicieron al presidente, se creía que al permitir las invasiones “oficiales” se propició el nacimiento de colonias “comunistas” mientras que los empresarios tenían décadas desarrollando campañas anticomunistas.
Lo que suponemos más molestaba a los empresarios era la amenaza que representaba este movimiento para la idea de propiedad privada y el control de otra clase sobre algo que consideraban propio: la ciudad. La toma de grandes extensiones de tierra tanto al norte como al sur de la ciudad, la represión y la consecuente organización del Frente Popular Tierra y Libertad impulsó un nuevo tipo de urbanización. En un principio el frente “aglutinaba 31 colonias de posesionarios, 16 vecindades, 3 uniones ejidales y 3 organizaciones de actividades económicas que son la unión de choferes, unión de comerciantes y la unión de fotógrafos” (Pozas, 1990, p. 24), a través del desarrollo de la lucha de cada una de las colonias, vecindades o uniones la ciudad se fue configurando. La necesidad de agua y luz, así como la de transporte, escuela y salud, dieron a Monterrey una nueva alternativa ante el modelo de ciudad industrial.
2.2.1 La otra Comuna de Monterrey
No podemos detenernos mucho en los detalles organizativos de la colonia Tierra y Libertad. Aun así, es necesario aclarar que la toma de los territorios desde 1971 a 1973 se debieron tanto a los esfuerzos de los estudiantes maoístas (Puma, 2016) como a las necesidades de 1,500 familias (Pozas, 1999) que huían del hambre. La organización de las colonias se remitió al centralismo-democrático de la tradición marxista-leninista y a las asambleas ejidales, forma de organización que se fue extendiendo en diversas colonias de posesionarios en toda la ciudad (Vellinga, 1988b). Los trabajos colectivos realizados durante los domingos rojos permitieron la construcción de llaves de agua, cableado para la electricidad, una escuela –la cual hoy abarca un sistema de educación de preescolar hasta universidad- y una clínica (Bulbulian, 1978) –hoy se cuenta con un hospital, que fue terminado para tratar pacientes de COVID-19.
Meses después de la toma de lo que propiamente es la colonia Tierra y Libertad en marzo de 1973, el gobierno del estado creó el Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) para tratar de contrarrestar la creciente influencia del movimiento. Su sistema permitía pagar poco a poco su propia vivienda, dando facilidades a la población dependiente de la economía informal que no podía participar de otros programas del gobierno como INFONAVIT. La competencia entre el gobierno y la organización popular fue inclinándose a favor del primero, pero se hace más notable tras el asesinato de 6 vecinos en 1976 (Diaz, 2018) pues aunque el movimiento creció, dejó de tomar tierras. Sin embargo, era evidente que existía una diferencia en la calidad de vida, en 1990 María de los Ángeles Pozas describía la situación de las colonias de Fomerrey como algo deplorable, mientras que las colonias del Frente contaban con mayor cantidad de servicios gracias a su organización (Pozas, 1990).
Además de las mejoras en sus propias viviendas, el movimiento transformó la forma de habitar la ciudad. Hace falta un estudio profundo de la vida cotidiana en estas colonias, pero a simple vista observamos que las tradiciones campesinas y su relación con el Cerro del Topo Chico significaron –y siguen significando– nuevas maneras de sobrevivir al proceso de urbanización de una sociedad industrial en crisis. Esto es observable no sólo en el Topo Chico, sino también en otros cerros ocupados como La Campana y la Loma Larga.
En específico el FPTYL luchó y negoció la creación de nuevas rutas de transporte para la zona norte y poniente, lo cual implicó la creación de nuevas y mejores avenidas, por ejemplo, la Av. Almazán que conecta el municipio de San Nicolás y Monterrey. Otro ejemplo es la Av. Aztlán, sobre la que se construyó la primera línea del metro en la década de 1990, estos medios de transporte son utilizados por todas las personas que viven en la zona, hasta las colonias de origen empresarial como la colonia Unidad Modelo.
Otro ejemplo de la transformación de la ciudad por parte del movimiento es la creación de la colonia Revolución Proletaria, que se fundó al sur de la ciudad, en territorios donde la iniciativa privada tenía planeados proyectos de viviendas residenciales (Pozas, 1999). Este fue uno de los motivos por los que la iniciativa privada insistía en el uso de medidas represivas, las que atenderá el gobernador Alfonso Martínez Domínguez, quien obligó a negociar la regularización de las viviendas (Sánchez, 2007). Las presiones del gobierno llevaron a la división del movimiento, pero finalmente en 1983 el grupo liderado por Héctor Camero aceptó la regularización, así como mejoras para la colonia Tierra y Libertad (García, 2009).
3. La restauración de la hegemonía: a modo de cierre
Desde el inicio de la administración de Martínez Domínguez se creó Tierra Propia, un proyecto gubernamental que tiene como fin la regularización de la tierra tomada, haciendo a los habitantes dueños de su terreno. Este proyecto se construyó con el apoyo de los empresarios regiomontanos y su trasfondo ideológico lo expresa perfectamente Andrés Marcelo Sada:
No pienso que el comunismo sea una solución, pero ignorar los barrios tampoco lo es. La única solución es el desarrollo. La gente se da cuenta que, por nuestra propia tranquilidad y valores, nosotros los empresarios deseamos que se realice tal desarrollo. En el sentido más pragmático nos gustaría tener a los residentes como consumidores” (Nuncio, 1982, 208-209).
Para 1980 el plan entregó 8 mil 536 títulos de propiedad (Martínez Domínguez, 1980), y para 1983 se concretó la regularización de buena parte de las colonias del FPTYL.
Nos parece necesario dejar en claro que la regularización no fue un proceso pacífico, por el contrario, fue resultado de la represión y la cooptación. Las características del plan Tierra Propia, son claramente neoliberales, lo que nos indica un proceso de restauración del poder de clases, en este caso, de la clase empresarial local que de nuevo vuelve a tomar el control del espacio urbano.
La burguesía local logró volver a tomar las riendas del desarrollo urbano. La exenciones de impuestos de 1980 a quien invirtiera en desarrollo urbano es prueba de ello, la nueva consigna de “crecer para arriba” llevó a la destrucción del verdadero centro histórico de la ciudad donde aún habitaba gente (Mártinez Doinguez, 1980; Palacios, 2020).
Los beneficios fiscales volvieron una estrategia necesaria para la funcionalidad de la iniciativa privada, esto incluye el desarrollo urbano en el sentido de construcción de edificios, pero también en desarrollo industrial. Ya hemos mencionado el rescate financiero que dio el citado gobernador para las empresas, con esta ayuda, la iniciativa privada fue capaz de organizar una nueva etapa de crecimiento hacia las afueras de lo que en ese momento era el área metropolitana, estableciendo nuevas industrias en municipios como García y Cadereyta que hoy son municipios metropolitanos.
Ya para 1990 el 46.7% de las viviendas habían sido construidas o regularizadas a través del gobierno de Nuevo León y sus diversos organismos (Garza, 1998), lo que nos deja un porcentaje mayoritario que pudiera ser continuación de la vivienda irregular y la construcción de algunas de las grandes empresas inmobiliarias. La mayoría de ellas pertenecen a las familias de la élite regiomontano, como son el caso de Carza, dirigida por Rogelio Zambrano Garza o a IDEI dirigida por Alberto de la Garza Evia (Herrera, 2018), miembros de las familias pertenecientes a la élite regiomontana.
El desarrollo urbano que la iniciativa privada impulsa desde su propio nacimiento no ha parado en nuestra ciudad. Muchas cosas se han perdido dentro de este proceso de mercantilización del espacio. La tendencia que ha resultado de esto es la creación de colonias mal equipadas en los municipios periféricos del área metropolitana, mientras que, en las antiguas colonias obreras y populares, se vive un encarecimiento de la vida destinado a desplazar a esta población.
3.1 Las transformaciones de hoy
El proyecto actual de las empresas inmobiliarias es, una vez más, el “embellecimiento” del centro de Monterrey, lo cual implica la intervención en el río Santa Catarina (Zertuche, 2018) y la construcción de vías rápidas para automóviles que destruirían el ecosistema de la Loma Larga, y con ello el despojo de miles de viviendas del histórico barrio de San Luisito (Brigada, 2018).
Vivimos en el proceso que se ha dado por llamar gentrificación, siendo el principal ejemplo el caso de Distrito Tec (Palacios, 2018) y su intervención en las colonias aledañas al Instituto Tecnológico de Monterrey que bajo una falsa idea de participación impone el encarecimiento de los servicios en la zona, características que ya empiezan a notar sus pobladores.
Tenemos que repensar nuestro proyecto de ciudad, y con ello, replantear la toma de decisiones, dando prioridad a las personas que la habitan. Hemos visto como la iniciativa privada ha logrado su modelo de ciudad con base en la represión y la cooptación. Pero también hemos visto cómo la gente crea su propia ciudad y la habita según sus necesidades y posibilidades, a veces de manera individual y otras de manera colectiva.
Vale la pena revisar estas posibilidades consideradas como amenazadoras para el statu quo, en miras de replantear nuestra manera de habitar la ciudad.
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Las Armas de la Crítica 