Jaime Sánchez-Macedo
El 9 de mayo de 1986 se decretó la quiebra de la empresa siderúrgica Fundidora Monterrey, 34 años después los medios locales regiomontanos han vuelto a anunciar el cierre de Fundidora a partir del 16 de julio, ahora en su modalidad de espacio público. Mientras que la primera vez se utilizó de pretexto la corrupción sindical y el supuesto ostracismo de sus trabajadores, ahora el chivo expiatorio ha sido la pandemia del Covid-19 y la cancelación de los eventos privados que dejaban grandes dividendos por la renta del parque. Aunado a ello, la noticia del cierre indefinido llegó de la mano de la confirmación de un proyecto de desarrollo inmobiliario al interior del parque, el complejo Novus Fundidora, el cual se ubicará en el acceso con mayor afluencia peatonal por su cercanía con la estación del sistema Metro y del paradero de camiones “Y” Griega.
Hacía un par de semanas apenas que el sitio oficial del Parque Fundidora había anunciado la implementación de políticas de acceso restrictivas y discriminatorias para personas con obesidad, cuando parece que de súbito los mandos se percataron que la primer quincena de julio sería la última que las finanzas del organismo público descentralizado podrían cubrir (Villasana, 2020). Por consiguiente, se notificó el cierre de las instalaciones más el cese temporal indefinido y sin goce de suelo de 300 trabajadores aproximadamente, excluyendo por supuesto a la plana mayor –entre directores y coordinadores– del organigrama, cuyo monto total de salarios asciende a más de 700 mil pesos mensuales según el portal de transparencia del estado de Nuevo León; estamos hablando solo de 10 personas.
Desde hace años activistas como Guillermo Martínez Berlanga y el ex-fundidor Aurelio Arenas, además de ex-trabajadores, periodistas y académic@s han denunciado ante el congreso de Nuevo León la poca transparencia con la cual se administra el Parque Fundidora con relación a la gran cantidad de concesiones privadas que tienen sede temporal y permanente en el sitio. Por su parte, algunos medios de comunicación han advertido la falta de proporcionalidad entre los recursos destinados a los salarios de la cada vez mayor planta de empleados del parque con relación a la inversión para el mejoramiento de la infraestructura (Padilla, 2019). El cuestionamiento de nada de eso hace parte de la solicitud de 10 millones de pesos mensuales lanzada al gobierno del estado de Nuevo León, ni tampoco del “boteo” al que en un primer momento llamaron los mandos del parque para colectar recursos por medio de la ciudadanía (Reyes, 2020); es decir que, no es el Parque Fundidora lo que se intenta salvar con las dos medidas que se han propuesto hasta ahora, sino el rescate del modelo de su administración que ha consistido en concesiones a particulares, políticas restrictivas de uso y poca transparencia hacia la ciudadanía.
Si bien, en tiempos de pandemia se vuelve complicado hablar del derecho al espacio público ya que el confinamiento ha sido tomado como la medida más efectiva para contener los contagios, es precisamente en este contexto que en la ciudad de Monterrey se presenta un punto de inflexión para el porvenir del espacio público. Y es que la nueva crisis de Fundidora que se deja ver hoy en día, entre la falta de recursos por la contingencia, el cierre de las instalaciones y la amenaza de la completa privatización de un espacio ya de por sí bastante privado, es más bien la consecuencia de un modelo que se comenzó a configurar desde el cierre mismo de la siderúrgica, incluso tal vez con anterioridad.
Como se ha abordado en investigaciones previas (Sánchez-Macedo, 2019), las ventajas de localización y provisión de servicios de los terrenos de la Fundidora Monterrey no pasaban desapercibidas para nadie, incluso en 1986. La fábrica siderúrgica con el primer horno alto de Latinoamérica que originalmente se había localizado en el extremo oriente de la mancha urbana que a inicios del siglo XX abarcaba Monterrey terminó por quedar incrustada en pleno centro de la ciudad.
Tal parece ser que, cuando aún no se tenía claro si la clausura de las actividades productivas era definitiva o no y con miles de obreros protestando por las calles todavía, agentes de la iniciativa privada y del gobierno comenzaron a elucubrar sobre el potencial económico de las 114 hectáreas que originalmente correspondían a la planta principal de Fundidora. Es por ello que, para cuando Manuel Camacho Solís comisionó al arquitecto Eduardo Terrazas para la elaboración de una propuesta de renovación del espacio, éste lo hizo sobre la base de fotografías aéreas al no tener permitido el acceso a las instalaciones, toda vez que el destino de los terrenos no estaba oficialmente definido (Barragán, 1991, pp. 92-98).
No sería sino hasta 1988 –dos años después del cierre– que se oficializó la creación del Fideicomiso Parque Fundidora bajo el mando de Eugenio Clariond Reyes, quien por aquel entonces también se desempeñaba como director general del Grupo IMSA; siendo así como la dirección de las instalaciones remanentes de una siderúrgica paraestatal y la potestad para vender la maquinaria aún servible pasó a manos de un empresario privado del mismo sector industrial. El Fideicomiso Parque Fundidora asemejó la composición y funcionamiento de Prourbe, organismo que, fuera del escrutinio de la ciudadanía, llevó a cabo la compra y venta de los terrenos afectados en la construcción de la Macroplaza un par de años antes. La idea era conformar un organismo para proyectos de desarrollo urbano que, entre lo público y lo privado, permitiera la administración de grandes montos del erario público con la injerencia de representantes de la iniciativa privada.
Ni en la Macroplaza, ni en el Parque Fundidora los empresarios estuvieron dispuestos a invertir su propio capital para echar a andar los proyectos. Mientras que en el primer caso únicamente se adquirieron unos cuantos terrenos del total disponible tras la tabla rasa del centro histórico de Monterrey, en el caso de Fundidora se buscó crear mecanismos para generar los recursos necesarios para la renovación del espacio.
Lo primero fue la venta de la maquinaria y todos los bienes restantes de la planta principal de Fundidora; en este punto no hubo consideración alguna acerca del patrimonio industrial que representaban los vestigios de la Maestranza, motivo por el cual tiempo después se negaría la denominación del Parque Fundidora como Patrimonio de la Humanidad por parte del Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la Unesco (Prieto, 2014, pp. 82-83). Además de la venta de maquinaria y chatarra, en esta primera etapa del proyecto planteada hacia 1987 se barajeó la posibilidad de crear proyectos inmobiliarios de vivienda y oficinas como un mecanismo de financiamiento (Barragán, 1991, p. 94); aunque en teoría esta decisión se descartó, a la luz de lo que pasa en la actualidad parece haber sido más bien pospuesta.
De aquel momento queda por conocer aún cómo fueron las negociaciones para la venta de las más de 37 subsidiarias con las que llegó a contar Fundidora, siendo que varias de ellas continúan en operaciones hasta la actualidad, como la Planta de Aceros Planos, primero vendida al grupo IMSA del mismo Eugenio Clariond y que en la actualidad es propiedad de la empresa argentina Ternium. Lo mismo con respecto al terreno de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el cual fue comprado al sindicato por el gobierno estatal y vendido posteriormente a particulares; actualmente su lugar lo ocupa el Hotel Antaris, así como un desarrollo inmobiliario en construcción.
La propuesta ganadora para la obtención de recursos para el Parque Fundidora vendría por iniciativa también de Eugenio Clariond durante su gestión al frente del Fideicomiso: las concesiones privadas a largo plazo que todos conocemos hoy en día. Sin embargo, en la oscuridad los administradores del parque y el gobierno echaron a andar otro mecanismo para obtener recursos a través de los terrenos de Fundidora: los préstamos bancarios obtenidos por la hipoteca de ciertas áreas del espacio público.
El primer préstamo hipotecario obtenido con la garantía de un polígono del Parque Fundidora tiene fecha del 25 de febrero de 1991, éstos continúan de manera ininterrumpida hasta el año 2000 de acuerdo con la sección de anotaciones marginales en la escritura 22,201 que corresponde al terreno de Fundidora. Todo parece indicar que este fue el mecanismo a través del cual particulares no identificados hasta ahora adquirieron el terreno de la antigua Planta Termoeléctrica de Fundidora, para que la inmobiliaria Idei lo convierta ahora en las torres de uso mixtos Novus Fundidora.
Al respecto, en una fotografía del Fondo Fundidora de la Fototeca Nuevo León con fecha de 1992 se observa el exterior del edificio de la Termoeléctrica con una pancarta del Banco Banorte que anuncia la venta del terreno. Por lo cual, es posible suponer que su venta se trató de un remate bancario posterior a la hipoteca del polígono; para corroborarlo bastaría con ubicar el préstamo bancario en la anotaciones marginales de la escritura de Fundidora, sin embargo, la mala caligrafía de las inscripciones hacen casi imposible realizar tal cotejo, no obstante, la mayoría de los préstamos hipotecarios se obtuvieron precisamente con dicho banco. En este punto es importante señalar que efectivamente la Planta Termoeléctrica edificada como parte los planes de modernización y expansión en la década los cincuenta (Ávila, 2012, p. 187-188) formaba de Fundidora Monterrey, S.A., y que fue más bien después del cierre de la fábrica que el terreno fue separado del proyecto Parque Fundidora.
¿Acaso fue más redituable la pérdida del terreno de la Planta Termoeléctrica que su integración al Parque Fundidora? Dejando de lado la poca concordancia entre el diseño arquitectónico del proyecto Novus Fundidora con relación a la escala y los materiales del supuesto museo de sitio que constituye el Parque Fundidora, la ubicación del desarrollo permitirá acaparar el enorme flujo peatonal que ingresa al sitio por el acceso número cinco, esto para beneficio de los locales comerciales que pudieran formar parte del complejo. No se trata tampoco de la primera experiencia de “integración” de proyectos inmobiliarios con el espacio público planificado de Monterrey; anteriormente el conjunto La Capital se construyó sin ninguna delimitación del recorrido peatonal del Paseo Santa Lucía en su intersección con la avenida Félix U. Gómez, sin embargo, hasta hace un par de años la seguridad privada del lugar no perdía la oportunidad de ahuyentar a quienes transitaban por ahí en alguna actitud que fuera considerada como no adecuada.
Novus Fundidora forma parte del llamado crecimiento urbano vertical de Monterrey que no es otra cosa que la depredación inmobiliaria del centro de la ciudad. La historia reciente de nuestra urbe demuestra que se trata de un proceso iniciado de manera forzosa por el gobierno del estado con el planteamiento de la Macroplaza, el cual continúa hasta la actualidad pero ahora dirigido por agentes inmobiliarios privados.
De manera que, todo lo que sucede hoy en día en el Parque Fundidora forma parte de un proceso que comenzó con la conformación misma de dicho parque. A lo largo del tiempo no se ha visto la privatización del Parque Fundidora, sino la materialización de un modelo de administración que toma al espacio público como un mecanismo para la generación de recursos y beneficios económicos de particulares. La prueba de ello es que hasta antes de la pandemia el gobierno de Nuevo León consideraba tan exitoso el modelo de gestión del parque que otorgó a la administración del Parque Fundidora potestad sobre otros importantes espacios públicos de la ciudad como La Huasteca, La Pastora y Macroplaza para que fueran manejados bajo el mismo esquema (Reyes, 2020).
Queda por saber si nuevamente el gobierno y la ciudadanía darán su espaldarazo al Modelo Fundidora mediante el rescate económico del sitio –si es que en realidad hubo una bancarrota del parque–, o bien, si se echará para atrás este proceso de administración privada de los espacios públicos de Monterrey que viene desde hace más de treinta años. La respuesta no tiene que ver solamente con la disyuntiva entre otorgar recursos o auditar a la administración del parque, sino con ponerle fin o continuar con dicho esquema de administración del espacio público liderado por particulares con el beneplácito del gobierno. Por lo tanto, está por verse si el Parque Fundidora continuará siendo un bien para su explotación económica o si en algún momento podremos ver la conformación de un espacio público más accesible e incluyente para toda la población.
Pies de foto
- Caricatura por la declaración de bancarrota de Fundidora Monterrey. El Norte, 9 de mayo de 1986.
- Campaña de recaudación para el Parque Fundidora. El post fue retirado de los sitios oficiales del Parque Fundidora pero recuperado por el periódico El Norte.
- Autor sin identificar. Anuncio inmuebles Banorte para venta de la Termoeléctrica. 20 de septiembre de 2002. Fondo Fundidora © Fototeca Nuevo León-CONARTE.
- Proyecto Novus Fundidora. Tomado de: http://novusfundidora.com/
Referencias
Ávila Juárez, J. O. (2012). Ascenso y caída del elefante de acero regiomontano. Historia de la Fundidora de Fierra y Acero de Monterrey, 1900-1986. Universidad Autónoma de Querétaro.
Barragán, J. (1991). Cintermex. Centro Internacional de Negocios. Urbis internacional.
Padilla, J. (2019, 27 de agosto). Parque Fundidora: Más nómina, menos mantenimiento. Reporte Índigo. https://www.reporteindigo.com/reporte/parque-fundidora-mas-nomina-menos-mantenimiento-salarios-funcionarios-inversion-trransparencia/
Prieto González, J.M. (2014). Patrimonio moderno y cultura arquitectónica en Monterrey: Claves de un desencuentro. Fondo Editorial Nuevo León.
Reyes, D. (2020, 17 de julio). Apoyo no llega: lanza Fundidora colecta pública. El Norte.
Reyes, D. (2020, 8 de enero). Asume Fundidora control de Macro, La Pastora y La Huasteca. El Norte.
Villasana, M. (2020, 15 de julio). Cerrarían Parque Fundidora por falta de recursos. Milenio Monterrey. https://www.milenio.com/politica/parque-fundidora-cerraria-por-falta-de-recursos
Las Armas de la Crítica 